EL OTRO PRESIDENTE DEL 23 POR CIENTO

Se cumplen 40 años del derrocamiento del gobierno del Dr. Arturo Illia por parte de una asonada militar ( con la connivencia de sectores de la CGT, el peronismo y el radicalismo) bajo el pomposo nombre de REVOLUCIÓN ARGENTINA, que pondría por presidente al General Onganía.
Desde sus inicios el gobierno del Dr. Illia fue cuestionado tanto en su legalidad como en su legitimidad. En efecto la proscripción del peronismo y el elevado abstencionismo hicieron que Illia accediera a la presidencia de la Nación con un 23 % de los votos. Aún hoy existen quienes, injustamente, incluyen al gobierno de Illia entre los gobiernos de facto.
Nada de lo dicho es más alejado de la realidad. La llegada de Illia al poder se da a través de elecciones convocadas al efecto y la proscripción del peronismo no es de manera alguna imputable a quienes se presentaron. De hecho el peronismo se expresó en las urnas rechazando la proscripción de su partido (y en definitiva de su líder) a través de un masivo voto en blanco. Para evaluar la legitimidad del gobierno, debemos repensar su obra:
Se levantaron todas las restricciones que pesaba sobre el peronismo permitiendo los actos públicos y su presentación a elecciones en el año 1965 ( en las se impuso después de varios años de no poder presentarse).
Se promulgó la ley el salario mínimo vital y móvil
Se renacionalizaron los contratos petroleros que eran un claro signo de entrega y cesión de los intereses nacionales.
La inversión en educación llegó al 23 % del presupuesto nacional en una acción que no reconoce antecedentes.
Se lanzó el plan nacional de alfabetización que llegó a contar con 12500 centros de alfabetización y llego a 350000 estudiantes de entre 18 y 80 años de todos el país.
Se crearon 1500 comedores escolares.
Se multiplico por diez la inversión en edificios escolares, en el 620% la inversión en equipamiento de escuelas técnicas, y se dio impulso a ala educación universitaria, egresando en el entre los años 1963 y 1966 casi 40000 solo de la UBA, cifra record para la época.
Se sancionó la ley de Medicamentos estableciendo una política de precios y control de los medicamentos y los laboratorios que los producían.
En materia económica, el gobierno de Arturo Illia tuvo una política de ordenamiento del sector público, de disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización. Se creó la Sindicatura de Empresas del Estado, para un control más eficaz de las empresas públicas.
La evolución del Producto Bruto Interno durante ese período fue del -2,4% para el año 1963, del 10,3% para el año 1964 y del 9,1% para el año 1965. La evolución del Producto Bruto Industrial fue del -4,1% para el año 1963, del 18,9% para el año 1964 y del 13,8% para el año 1965. La deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones. El salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%. La desocupación pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966. El principal impulso vino del sector industrial contestando a aquellos que lo atraían a buenas cosechas.
Reivindico la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas logrando que en 1965 se votara en la Asamblea General de ONU la obligación de Inglaterra de iniciar negociaciones con Argentina por la situación del Archipiélago.
Otras obras de gobierno
ley de abastecimiento dirigida a la defensa del bolsillo obrero a partir del monitoreo de los artículos que conforman la canasta familiar; el derecho a cómputo para los fines jubilatorios de los períodos de actividad de aquellas personas que estuvieron impedidas por causas políticas y gremiales; fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones; nuevo régimen y escalafón para empleados de las Cajas de previsión; reincorporación de los bancarios cesantes; pensión vitalicia para los premiados en ciencias y letras; implantación obligatoria de seguro de vida a tripulaciones de pesca profesional y a trabajadores rurales; condonación de deudas y anticipos en cajas de jubilaciones a sus beneficiarios; jubilación para ciegos de 45 años de edad y 20 años de antigüedad

Existen aún en la actualidad aquellos que sostienen que el de Illia fue un gobierno ilegítmo. Por nuestra parte entendemos que el término es demasiado fuerte, a la vista que dicha calificación es también acordada a gobiernos constitucionales y de facto que hicieron de la persecución política o la restricción de las libertades constitucionales, moneda corriente de gestión o de aquellos que directamente utilizaron el aparato del estado para secuestrar, torturar o matar compatriotas por causas que no encuentran justificación en la razón humana. Preferimos ver que la legitimidad de la gestión de Illia fue ex post facto. En efecto, gran parte de su obra fue reconocida con posteridad a su caída, cuando la violencia, la falta de escrúpulos, la corrupción y la entrega de los intereses nacionales volvieron a ser moneda corriente en nuestro país. La primavera que para las libertades y garantías constitucionales que representó su gobierno se vió truncada por la asociación de los poderes que siempre de manera egoísta y muchas veces interesada, ponen por delante los intereses sectoriales a los de la Nación. Los que peronistas que querían un peronismo “sin Perón”, los peronistas que daban la vida por la vuelta inmediata de Perón ( con finalidades variables según el grupo), los socialistas y comunistas que pretendían un peronismo sin peronistas, lo militares que querían ser los nuevos De Gaulle, los ingenieros que siempre querían ser ministros de economía, los radicales que pretendían ganar fuera del partido (y a veces en los cuarteles) las internas que perdían en las urnas, los laboratorios que no que no querían decir con que nos curaban ni cuanto salía la cura, los magnates del petróleo que deseaban el sostenimiento de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad bajo el peso de cláusulas leoninas que perjudicaban el patrimonio de la contraparte y los medios de comunicación tan permeables a poner apodos como a difundir ideas que por representar tan cabalmente a algunos grupos de poder se alejan del común del pueblo fueron algunos de los sectores que se conjugaron el la caída de un gobierno que la posteridad reconocerá como honesto y responsable.
Es justo que pensemos cada tanto repensemos nuestra historia y le demos a Illia el lugar que merece. No solo por su obra de gobierno. Sino porque en su devenir podemos identificar a los que se opusieron al progreso del país.
A 40 años de este lamentable hecho, cuando el gobierno nacional negocia la quita de deuda externa no honra sus compromisos, cuando fomenta los controles de precios interviene ilegítimamente los mercados, cuando reivindica la soberanía sobre Malvinas y denuncia a los asesinos de nuestro pasado tiene regresiones setentistas, cuando la economía florece y el empleo crece es gracias al campo, cuando se vuelven a sancionar leyes favorables al trabajador y se firman nuevos convenios colectivos, se aumentan los costos laborales, cuando se sancionan las leyes de medicamentos genéricos y se equipan laboratorios públicos, se realiza competencia desleal a los laboratorios que ayer no quería ser controlados.
Sin dudas existen hoy cosas que guardan similitudes de cuarenta años atrás. Incluso aún resuenan voces que declaran ser los “verdaderos peronistas de Péron”, Socialistas que quieren peronismos sin peronistas o radicalismo sin radicales o buscando una estructura que puedan usar como los “aparatos” que siempre criticaron, militares que pretenden reivindicaciones por sus aportes al crecimiento del país (especialmente de la deuda externa), radicales que buscan revancha de las elecciones perdidas sin cuestionarse ni su presente ni su futuro.
No es nuestra intención forzar un paralelismo entre Kirchner e Illia. Pero nos hemos permitido la libertad de comparar nuestro presente con nuestro pasado. Hay quienes aún conservan la esperanza de que Argentina pueda ser un país distinto y están quienes se esfuerzan por demostrar que todo lo que hoy esta bien mañana estará mal. Es por eso que la mejor forma de identificar al que se opone al crecimiento de la Nación es haciendo hincapié en su necedad para ver los progresos cuando los mismos son evidentes. El derrocamiento de Illia fue para muchos curarse en salud antes del “desbande”. Hoy vemos como el remedio fue peor que la enfermedad. Se aproximan tiempos de campañas y definiciones. Ya escuchamos a quienes nos dicen que el modelo es insostenible y que debemos cambiar antes de la “explosión”. Que la soja no nos dará de comer siempre y que no existe un proyecto de crecimiento para el País solo variables de crecimiento aisladas. Es decir que crecemos porque sí. Nada es realidad o en el mejor de los casos todo es casualidad.
La historia nos puede ayudar a leer el presente. Las revoluciones encaradas por los “iluminados” (la libertadora, la argentina y la productiva) han sido retrocesos institucionales por los cuales hemos padecido como pueblo dolor y privaciones. Es por eso que ante los discursos o análisis debemos anteponer los hechos y las obras, recordando siempre los sectores y actores que son responsables de nuestras crisis.
Sirva este recuerdo de humilde homenaje a un Presidente honesto, probo y que dejo un ejemplo en la gestión del país. Sirva este recuerdo para ahuyentar viejos fantasmas que siempre aparecen cambiando “tortugas” por “pingüinos” o “chirolitas”. Y sirva este recuerdo para pensar que si el camino elegido nos muestra resultados positivos para el país, lejos de ser timoratos o tener dudas, lo que tenemos que hacer es caminar cada vez con paso más firme.

Flexibilización a la francesa

Este artículo es del año 2005. Es antecedente de lo que opinamos de la política laboral del gobierno de centro derecha francés.


La Asamblea Nacional Francesa aprobó la iniciativa impulsada por gobierno del Primer Ministro Jean Pierre Raffarín, tendiente a reformar la llamada “Ley de las 35 horas”. Esta ley, sancionada durante la gestión de la anterior administración socialista ( 1997 – 2002), se convirtió en un paradigma de las conquistas obreras a nivel mundial y una referencia ineludible al momento de contrastar las tendencias, que especialmente en países no desarrollados, iban imponiendo la flexibilización de leyes laborales como requisito para aumentar la competitividad de las empresas.
“Trabajar más para ganar más” fue la consigna impulsada desde el gobierno, manifestado que su propuesta tendía a otorgar la posibilidad de que aquellos trabajadores que así lo desearan pudieran aumentar hasta 48 sus horas semanales de trabajo y consecuentemente sus ingresos. Desde los sindicatos se argumentaba, que lejos de aumentar sus ingresos, los trabajadores se verían obligados a trabajar más tiempo por el mismo salario.
De nada sirvieron las multitudinarias marchas de repudio a la reforma ante un gobierno que se jactó de estar abierto al diálogo, pero que no cedió en sus posturas a fin de lograr su cometido.
A partir de su sanción y entrada en vigencia, los franceses podrán trabajar hasta 48 horas semanales y si bien, según lo establece la nueva normativa, esta será una facultad acordada a los trabajadores, son muchos quienes creen que la voluntad de los empresarios se impondrá a la de aquellos que, por la esencia propia de la relación laboral, tienen su capacidad de decisión invariablemente disminuida.
No son pocas las repercusiones que esta decisión producirá a nivel mundial y en nuestro país. La caída de un paradigma implica la necesaria revisión de las luchas que se encaminaban a imitarlo. Gobiernos, empresarios y algunos medios de comunicación de todo el globo podrán sostener que la iniciativa francesa del gobierno de Jospin, fracasó en su intento de reducir la jornada laboral para generar más trabajo, motivo por el cual dicha solución debe ser descartada. Una verdad a medias si se tiene en cuenta la falta de voluntad de los empresarios para contratar más trabajadores, justificándose en el costo que significa el pago de mayores cargas sociales. En los hechos la “reforma de las 35 horas” no generó un excesivo aumento del costo laboral y ni fue lo catastrófica que vaticinaron los sectores empresariales[1].
En nuestro país, la cuestionada Susana Rueda, miembro del triunvirato que conduce la CGT, fogoneó recientemente la idea de reducir la jornada laboral al estilo francés para generar mayor empleo. Su idea no tuvo una buena recepción por parte de los empresarios y fue criticada por algunos medios de comunicación[2], cercanos a los mismos. Los hechos acaecidos en Francia, parecen conspirar contra la concreción de la iniciativa, que no llegó a ocupar un lugar en la agenda..
Es evidente que una reducción de la jornada laboral no implica en sí misma la generación de nuevos puestos de trabajo y la solución a los problemas de desempleo de los distintos países. Tales problemáticas han de resolverse solo a través de la articulación de proyectos que incluyan una mejor distribución del ingreso, una mayor participación de los asalariados en las ganancias de las empresas, el fomento de inversiones genuinas en industrias, respaldo y sostén al sector productivo, etc. Pero no es menos cierto que la reducción de la jornada laboral implica una sustancial mejora en las condiciones de trabajo y por ende en la calidad del vida del trabajador que como ciudadano debe ser objeto de protección por parte del Estado.
El aumento de la carga horaria laboral, de ninguna manera es una política de empleo. No pretende serlo tampoco. Por eso contraponerla a el pretendido “fracaso” de la “ley de las 35 horas”, en la generación de empleo, es erróneo en la medida que el mencionado aumento tampoco solucionará el problema.
El “Trabajar más para ganar más”, debería haber dejado paso al “Trabajar lo mismo ganando mejor”. No se ve que los trabajadores vayan a obtener un beneficio tan claro como el que obtendrán los empresarios. Lamentablemente, también en el primer mundo el criterio economicista empresarial venció al criterio proteccionista de los trabajadores. Lamentablemente, los trabajadores han perdido de nuevo.
[1] Ver en Internet: http://members.tripod.com/~ugt_indra/elpais_articulo20000403.html
[2] Ver en Internet: http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=12743

VILLEPIN, SARKOZY Y EL MARZO FRANCÉS.

En estos días Francia vive momentos de gran movilización. El gobierno de Villepin sancionó una nueva modalidad contractual laboral denominada CONTRATO DE PRIMER EMPLEO, destinada a jóvenes menores de 26 años los cuales podrán ser tomados por empresas de mas de 20 empleados y ser despedidos dentro de los dos primeros años sin causa y sin la indemnización.
La oposición, encabezada por sindicatos de izquierda y grupos de estudiantes universitarios pero apoyados por todo el arco opositor, se ha manifestado a través de multitudinarias manifestaciones en todo el país.
El 21 de febrero pasado, La Asamblea Nacional francesa rechazó la moción de censura presentada por la oposición socialista contra el Gobierno conservador de la UMP por una política económica y social "que fomenta la precariedad". La mayoría absoluta de centroderecha permitió, como era previsible, tumbar las esperanzas de la iniciativa, que sólo recabó 178 votos, cuando el mínimo necesario para aprobar la moción de censura es de 289 escaños.
El debate sobre esta situación se presenta al menos como dicotómico. Desempleo o precariedad laboral o cantidad o calidad del trabajo.
El portavoz parlamentario del socialismo, Jean Marc Ayrault refiriéndose al primer Ministro Villepin sostuvo: "Usted, que se presenta como el trovador del modelo social francés, está acabando con él", para continuar acusándolo de "desmantelar el derecho laboral alineándose con el modelo anglosajón más retrógrado".
En respuesta a ello Villepin, definió su reforma como "una respuesta nueva al desempleo" y dijo "soñar con una oposición que dé la espalda a la ideología y opte por la modernidad, como otros partidos de izquierda en Europa, como Zapatero, como Blair o como los aliados de Merkel en Alemania".
Por su parte numerosas encuestas de medios franceses recogen un rechazo a la los CPE superiores al 65%.
Sin dudas desde la asunción del actual gobierno francés se ha optado por utilizar como variable de ajuste a los trabajadores, a través de una serie de medidas destinadas a regular las relaciones laborales ( propias del noventismo argentino), acuñadas bajo la falsa premisa en la cual la flexibilización de las normas del trabajo promueve la creación de mas puestos laborales.
La experiencia mundial indica que estas políticas lejos de fomentar la creación de empleo solo precarizan el existente. Los empresas en lugar de tomar mas empleados, mantienen sus dotaciones de personal en números estables, renovándolo con mano de obra barata y a la luz de una legislación que no protege a los trabajadores del despido arbitrario.
Es evidente que estas medidas no apuntan tanto a paliar el desempleo como a reducir los costos de las empresas utilizando como variable a los trabajadores.
La realidad indica que en este momentos, un 25% de los franceses no encuentra trabajo al terminar sus estudios, una cifra escandalosa si se compara con el resto de Europa. Pero al igual que en nuestro país en la década pasada la solución planteada por el gobierno no pasa por la promoción de la industria, sino por la promoción de contratos de empleo “basura” para los jóvenes. Y son estos mismos quienes se levantan contra lo que consideran un atropello. Si bien los CPE, pueden facilitar el ingreso al campo laboral, no han sido pensados para garantizar la permanencia en el empleo. El resultado de la aplicación esta medida sin una verdadera política que promueva el pleno empleo, solo puede ser el corrimiento del segmento etário de desocupados. Dicho en otras palabras, los “ocupados” por los CPE serán los que llenen la estadística como desocupados dentro de dos años. Como se ve, es una salida coyuntural sin proyección de futuro.
Contra esta filosofía es que se producen las manifestaciones, a veces violentas, de los jóvenes. No es la primera ocasión que el gobierno galo se encuentra sin respuestas adecuadas ante los planteos que la compleja realidad social le presenta. La violencia, siempre repudiable como forma de expresión, también es innecesariamente fomentada por medidas represivas de la expresión popular especialmente promovidas desde el Ministerio del Interior a cargo de Nicolás Sarkozy, incluyendo violentas intervenciones policiales y una importante cantidad de detenidos.
El gobierno francés, que ya había roto con los obreros a causa de la política de la 36 horas, ahora ha roto con la juventud incluyendo en esta desde los jóvenes desempleados de los suburbios hasta los estudiantes universitarios, todos unidos no tanto por solidaridad como por repudio conjunto hacia el gobierno.
El gobierno se encuentra en la encrucijada de hacerse fuerte o ceder a riesgo de mostrar debilidad. El 68% de la población opina que los CPE deben ser derogados. Esta opinión se plasma en las calles con la numerosa presencia de jóvenes que se manifiestan contra el accionar gubernamental, que hasta el momento ha sido firme y decidido. Con las encuestas en los escritorios, la gente en la calle y una forma de gobernar en mente Villepin y Sarkozy deberán resolver como superan el marzo francés.

La reforma del sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires

A partir del año 2006 la Provincia de Buenos Aires pondrá en marcha una reforma de sus sistema educativo, tendiente a optimizar los resultados obtenidos de la formación de sus alumnos. En palabras de la directora de escuelas bonaerense, la Lic. Adriana Puiggrós lo que se busca es “ que el docente logre dentro del aula "el mejor nivel" de enseñaza. Además espera que las tecnologías lleguen al aula y que no sigan siendo parte de un mundo exclusivo para un sector.”[1]
Desde muchos sectores se ve esta reforma como una salida de la Ley Federal de Educación por parte de la provincia de Buenos Aires. Esta opinión no es un dato menor cuando desde varios sectores del gobierno nacional se viene penando en una seria reforma de la ley educativa alumbrada bajo el gobierno del Dr. Menem.

Los cambios:

Entre los cambios más sustanciales que se tratarán de imprimir en este nuevo esquema de enseñanza que, según se pudo saber, apuntaría a "secundarizar" el ciclo que reúne al 7mo., 8vo. y 9no. año que regía hasta el momento -conocido como tercer ciclo de EGB desde hace una década-, se puede mencionar el aumento del número de materias. Quedarán atrás los contenidos por área (divido en seis: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Matemáticas, Artística y Educación Física) y habrá entre 10 y 12 materias (como el viejo colegio secundario), con matemática, física, química, idiomas, lengua, biología, educación física, geografía, historia, instrucción cívica y materias puntuales vinculadas a temáticas adolescentes.
En relación a las evaluaciones y calificaciones, se prevé un régimen de promoción que incluirá tres evaluaciones anuales por escrito y calificaciones del 1 al 10. Los alumnos deberán aprobar con un promedio de 7 puntos y en el último boletín no podrán tener una nota inferior a esos 7 puntos en cada asignatura. Quienes no alcancen esa meta, quedarán obligados a rendir una prueba final en diciembre y aquellos que no puedan superar ese examen con un piso de 4 puntos deberán volver a la mesa examinadora en marzo del año siguiente.
De este modo ahora el esquema de enseñanza en la Provincia quedó planteado así: el nivel inicial (antes jardín de infantes), hasta los 5 años de edad; luego la enseñanza general básica con seis años de duración (dividido en dos ciclos, de 1º a 3º año, y de 4º a 6º año), luego llega el turno de la enseñanza secundaria básica, que será la antesala del Polimodal.

El Tercer Ciclo y la Escuela Secundaria Básica.

Al momento de implementación de la Ley Federal, en todo el país se planteó una discusión respecto de la dependencia del TERCER CICLO de la EGB. En efecto el sistema pasado de terminar la vieja escuela primaria en séptimo grado a terminar la EGB completa en Noveno año. En definitiva tanto para el común de la gente como para muchos actores del sistema. A etapa educativa que terminaba en séptimo pasaba ahora a terminar en noveno.
Para ver la génesis de este debate y entender su importancia en el nuevo sistema Bonaerense, es importante recordar que la EDUCACIÓN GENERAL BASICA ( obligatoria en todos sus años) esta compuesta por el Nivel Inicial ( antiguo Pre escolar), El Primer Ciclo ( que agrupa lo que anteriormente denominados año), 1º, 2º y 3º grados, ahora llamados años), el segundo ciclo ( 4º, 5º y 6º grado/año) y un tercer ciclo compuesto por lo que era séptimo grado , mas primer y segundo año de la secundaria, que ahora se pasarán a llamar, séptimo, octavo y noveno año de la EGB.
El nivel inicial, primer y segundo ciclo, eran elementos comunes a la vieja escuela primaria por lo cual, su incorporación institucional, no requirió (como era común en la década del 90) más que un cambio de nomenclatura, en el cual los grados pasaron a llamarse años.
La discusión entonces, paso por el elemento que juntaba cosas de la vieja escual primaria y la secundaria. El tercer ciclo. ¿qué era mejor? ¿ “primarizar” el octavo y noveno (ex primero y segundo año”) o secundarizar el “séptimo”?.
Esta discusión excedió ampliamente la era discusión de nomenclaturas ya que llevaba implícitas varias cuestiones.
Según el tercer ciclo dependa de la escuela primaria o la secundaria, la gestión del mismo iba también a depender o de la directora dela escuela primaria o del rector de la secundaria. Esta situación implicaba en muchos casos el cambio de categoría de un establecimiento (vinculado en forma directa a la matricula del establecimiento). Tomar una u otra decisión implicaba aumentar el numero de alumnos de una escuela y en definitiva, como es surge del conocimiento vulgar, “atar” al tercer ciclo a una forma de “gestión”, casi antagónica, la de ser gestionado como una escuela de niños (en el caso de primarizarlo) o de una escuela de adolescentes en el caso de secundarizarlo.
Inseparablemente de la cuestión anterior, se planteó el caso de quienes serían los docentes encargados de enseñar en el Tercer Ciclo. Maestros vs. Profesores fue un clásico de la época. Y más allá de las acusaciones folclóricas lanzadas de unos contra otros, que iban desde la falta de rigorismo técnico por parte de los maestros, hasta la falta de sensibilidad y desentendimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los profesores que supuestamente se enfocan mas en los resultados, la verdad parece estar mas cerca de indicar que lo que realmente estaba en juego era la cultura de enseñar por áreas o materias como se hacia en la primaria o en la secundaria respectivamente. Todos los que de alguna manera son parte del sistema saben que desde la profundidad, el enfoque, la especificidad y la metodología, no es lo mismo enseñar el área de Ciencias Naturales que enseñar las materias biología, anatomía, química o física. No es lo mismo dar Ciencias Sociales que enseñar geografía e historia por separado. Esta definición condicionaba el que y como iban a aprender estos alumnos.
y en último lugar la cuestión más importante, los alumnos que iban a concurrir al tercer ciclo, ¿debían ser formados como niños o como adolescentes?. La respuesta común era que para lo primero eran grades y para lo segundo chicos. Este planteo derivo en cuestiones tales, como el debería ser el proceso de aprendizaje, que parámetros deberían tomarse para la evaluación o incluso la conveniencia o no de tomar exámenes en el sentido tradicional para aquellos alumnos que no alcanzaran los conocimientos necesarios para aprobar una materia.

Cada uno de estos problemas tuvo una solución distinta. Correlativamente con la disgregación en la implementación de la Ley Federal, existieron diferencias de implementación en cada jurisdicción e incluso dentro de las jurisdicciones mismas. Un mismo alumno podía tener en el mismo día tanto a maestros como profesores dándole clases y lo que es peor dándole la misma área en pareja pedagógica. Las áreas se dividieron “internamente” en materias, esto en los hechos implicaba que por ejemplo el área de Ciencia s sociales era compartida por dos profesores que a su turna daban una Geografía y el otro historia, realizaban evaluaciones separadas y calificaban al alumnos según un promedio de ambas pruebas. Mas allá del anecdotario, que sería interminable, lo cierto es que a nivel nacional la media de alumnos que no aprobaban materias en el curso regular ( “se las llevaban”) e incluso el numero de repitentes aumento. Tal dato se apoya en indicadores aún mas claros cuando llegó el momento en que el alumno debía pasar del Tercer ciclo al polimodal. En tal caso, como en el sistema anterior, en principio, para pasar de la EGB al polimodal, no se podía adeudar materias, es decir se debía tener la EGB completa para poder anotarse en el polimodal. Fu tan importante la cantidad de alumnos que vieron peligrar la continuidad normal de sus estudios que hubo provincias como el caso de Santa Fe que aprobó en el mismo año una reglamentación que preveía que los alumnos podían pasar del tercer ciclo al polimodal adeudando una materia. Al mes se corrigió la reglamentación. Podían ser dos.
Muchos especialistas son los que opinan que principalmente en esta parte de la reforma se asientan los fracasos que se ven al terminar la escuela media. Una formación al menos confusa del estudiante, que no le permite enlazarse correctamente con la escuela media y condiciona sobre gran medida el ingreso al nivel de educación superior.

La situación en Buenos Aires.

La gestión de Adriana Puigross parece encaminarse por una opción clara. El tercer ciclo pasará a llamarse Escuela Secundaria Básica y estará íntimamente relacionada con el polimodal. En tal sentida la Ministra, antes de asumir, ya sostenía: “la intención no es eliminar el Polimodal, "sino que el tercer ciclo de la Escuela Secundaria Básica (ESB) tenga su mismo régimen disciplinario, de convivencia y de evaluación".[2]
En efecto el sistema que dará conformado de la siguiente manera: “A partir del año que viene (2006) comenzará a funcionar la Escuela primaria Básica, que durará seis años (de primero a sexto grado). Por otro lado, estará la Escuela Secundaria Básica, que tendrá una duración de tres años (y conformará los actuales séptimo, octavo y noveno grados). Así, el nuevo esquema mantendrá los nueve años de educación obligatoria y general, establecidos por ley. Al finalizar la secundaria básica, los alumnos realizarán otros tres años de secundario, aunque modalizado.” [3]
En los hechos lo que parece asomar es la intención volver a un esquema similar al a de la tradicional escuela dividida entre primaria y secundaria, pero respetando la nueva obligatoriedad escolar de 10 años. En efecto la solución parece encaminada a unir de tal forma la escuela secundaria básica con el secundario modalizado, que los mismos, en los hechos, se confundan ya que además de compartir el régimen disciplinario y de evaluación, también es opinión de la Ministra: “lo ideal sería que la ESB y el Polimodal funcionen en un mismo establecimiento", como partes de un mismo nivel” "e introducir una orientación hacia el trabajo o a alguna actividad práctica, y con una preparación que permita ingresar a la universidad y al mundo del trabajo con conocimientos básicos” , teniendo como objetivo el mejoramiento de la educación media.

Conclusiones.
La solución bonaerense para corregir los defectos de la implementación de la Ley Federal, parece una alternativa viable y de aplicación posible a mediano plazo. En su favor se puede decir que no pretender borrar o derogar la mencionada normativa, sino que gradualmente la aggiorna para lograr un estado intermedio entre la escuela tradicional y la escuela hija de la reforma de los noventa. En tal sentido es fundamental que su estructura garantice la terminación de un ciclo ( al terminar la ESB), conjuntamente con el fin de obligatoriedad escolar. Lo novedoso ( aunque reconozca antecedentes de establecimientos educativos aislados) es la instrumentación de ESB como una unidad pedagógica independiente. Esto implica que la misma tendrá hasta directivos propios. En los hechos esto podría traducirse en una clara definicón de perfil. Si en el Tercer ciclo se dudaba entre la primarización o secundarización es claro que la ESB tenderá más a lo segundo pero si depender de las gestiones “tradicionales”. Un director por ESB contribuirá al nacimiento de un nuevo tipo de “gestión” orientada a la educación de pre - adolescentes de entre 11 y 14 años.
El nuevo sistema vuelve al esquema de materias, lo que lo hace similar al polimodal. Este esquema más huna curricula coherente y armonizada con el nivel siguiente sin dudas colaborará con la inserción del alumno en el sistema y posiblemente repercuta en una mayor retención.
Como posibles problemas podemos mencionar que la ampliación de la cantidad de materias y el nuevo sistema de calificación pueden dotar de una complejidad mayor a la ESB que su antecesor Tercer Ciclo. Esta situación profundizad puede repercutir en la mayor posibilidad que el sistema se vulva expulsivo. Sobre el particular SUTEBA expresó su preocupación.
Por ultimo es necesario remarcar que cualquier reforma en el sistema educativo requiere de una inversión económica que la sustente. A diferencia de la Reforma Noventista ( que conjuntamente con la ley de transferencia de los servicios educativos de la Nación a las Provincias, contribuyo a bajar el “gasto educativo”) la coyuntura parece indicar que los Estados están dispuestos a invertir dinero en Educación, siendo la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo un buen ejemplo al respecto.
El resultado de la reforma del sistema educativo en la principal provincia del país sin dudas influirá sobre el resto. Sin dudas una aplicación y resultados exitosos pueden ser una buena base para pensar un proyecto educativo nacional que incluya la sanción de una nueva Ley de Educación a tono con los tiempos que corren, que evite la disgregación del sistema, la eliminación de las “aduanas educativas interprovinciales” y garantice la igualdad de oportunidades.

[1] 13-01-2006 http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/212092/

[2] weblog.educ.ar/noticias/archives/005948.php
[3] http://www.clarin.com/diario/2005/12/16/um/m-01108822.htm

La precarización laboral del joven abogado

La precarización laboral del joven abogado

Por Martín Lucero – Colegio de Abogados de Rosario.

El inicio en el ejercicio de la profesión de abogado enfrenta al novel profesional a una serie de circunstancias que de una u otra forma son obstáculos para el desempeño de su profesión. En tal sentido cobra una relevancia superlativa el factor económico que es el que en definitiva, condiciona en forma determinante la inserción laboral.
En efecto el ejercicio de la abogacía implica una seria de gastos fijos ineludibles. Alquiler de oficina, pagos de servicios, insumos, cargas fiscales, cuotas colegiales, boletas de iniciación de juicios, gastos de traslado, notificaciones son algunos de los ejemplos de erogaciones que deben afrontarse cotidiana e inevitablemente. Independientemente del adelanto de gastos que los profesionales podemos pedir a nuestros clientes, no deja de ser cierto que en los albores de la carrera profesional el matriculado no cuenta con medios suficientes para afrontarlos y a la vez obtener una ganancia que signifique una fuente de sustento autónomo.
Por otro lado, es una constante en las Universidades de nuestro país, que independientemente de la sólida formación recibida, la misma carece de los fundamentos prácticos necesarios para enfrentar la vida tribunalicia. En efectos los usos y costumbres de los juzgados, el trato y manejo con el cliente y la contraparte, los rudimentos básicos de los distintos foros no son contenidos conceptuales en la mayoría de los planes de estudios universitarios.
Por las dos características antes mencionadas es que muchos jóvenes colegas ven como alternativa viable, el ofrecer sus servicios profesionales a algún estudio colegas más experimentados y de esa manera encarar la inserción al sistema.

Un derecho no legislado.

El comienzo en la práctica de cualquier actividad trae aparejado para el novato una carga que si bien no es fiscal cumple sociologicamente con los requisitos de generalidad, obligatorieridad e inevitabilidad propias de cualquier tributo. Vulgarmente se denomina esta situación con la denominación de “derecho de piso”. En efecto el ingenio popular encontró una definición que describe de manera precisa el fenómeno que describe. De igual modo que al ir a un estadio de fútbol o al pagar algún tributo municipal cuando una persona se inicia en una actividad debe “pagar el derecho de piso” entendido como una serie de inconvenientes, desventuras y perjuicios que debe sufrir habida cuenta de su inexperiencia y que disminuye en la medida en que va adquiriendo los rudimentos propios del oficio.
El joven abogado no escapa de esta Ley. Como el niño que comienza a caminar el novel colega encuentra a su paso golpes, obstáculos y caídas producto de su inevitable y lógica falta de práctica.
En este estado de cosas una guía o consejo o en el mejor de los casos un asesoramiento permanente cobran un valor importante.
Es por esto que la alternativa de trabajar en un Estudio ya formado e integrado por abogados de experiencia es por definición un aporte valioso y para nada despreciable, para ambas partes. Por un lado un joven profeional que se forma de la mano de colegas que lo ayudan en la inserción laboral y le hacen conocer los rudimentos básicos de la profesión. Por el otro un Estudio que se fortalece con el aporte de un profesional joven con interés en formarse y aportar sus conocimientos.
Pero como toda actividad virtuosa encuentra su vicio en la deformación de la institución.


Los costos de la experiencia.

La importante cantidad de colegas que enfrentan la situación descripta llevan a que se hayan hecho de uso común la práctica en la cual el joven realiza una pasantía gratuita no registrada y alejada de cualquier encuadre legal que en el mejor de los casos reconoce algún monto dinerario destinado a viáticos o bien se traba una relación contractual no registrada en la cual el joven percibe una remuneración irrisoria que no encuentra relación con la labor realizada.
Este tipos de práctica son de manera lisa y llana una forma de precarización laboral que se ha generalizado siendo tolerada y hasta consentida por la comunidad jurídica.
La justificación más frecuente que intenta legitimarla es la que indica que el novel matriculado esta “pagando el derecho de piso” para adquirir la experiencia de la que carece. Nada se dice en esta tesis de la conducta del estudio que abusa y se aprovecha de la necesidad del nuevo colega.
Se sostiene también que la opción es siempre del joven. Es este el que acepta trabajar en bajo estas condiciones y por lo tanto nada se le puede reprochar a aquel que le ha dado la oportunidad. Es discutible que quien tiene una necesidad pueda optar libremente. Pero es seguro que quien conoce una necesidad y, con ella en miras, obtiene un beneficio se comporta de un modo reñido con la moral.

La formación que no forma.

Dentro la situación descripta no debemos desconocer una realidad. En muchos casos el joven abogado no pasa de realizar trabajos de procuración o gestoría dejando de participar en muchos otros aspectos básicos que hacen a la profesión especialmente aquellos que tienen que ver con la confección de escritos que implican un trabajo intelectual y de razonamiento importantes ( demandas, contestaciones, alegatos, etc.). Visto de este modo el abogado realiza tareas de secretaria redactando cédulas o llevando expedientes. Su formación queda restringida a los expedientes que pueda leer o de las conversaciones que pueda escuchar quedando por lo tanto restringida a un funcionamiento autodidacta, mas de ninguna manera, en la mayoría de los casos, a un acompañamiento instrutuctivo

La educación merece un amplio debate

Publicado en Diario “La Capital” de Rosario el 25 de octubre de 2005

Reflexiones

La educación merece un amplio debate

Martín Lucero (*)

Comienza una nueva gestión en el Ministerio de Educación provincial. Adriana Cantero, sucesora de Carola Nin, comenzó su mandato anunciando que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para avanzar hacia el dictado de una ley provincial de educación. Este postulado no es más que la renovada intención de parte de los sucesivos gobiernos santafesinos de plasmar en un cuerpo normativo una serie de principios y disposiciones que serán el horizonte al que apuntará la educación de los próximos años.Es por ello que, lejos de lo que pudiera parecer, no estamos tratando un tema menor o secundario. Estamos ante la posibilidad de que la comunidad educativa en particular y la sociedad en general piense cuál es la educación que deseamos dejarles a las futuras generaciones de santafesinos.La importancia de esta posibilidad hace que sea necesario tener presentes algunas cuestiones. Es impensable el éxito de una ley de estas características sin la participación y debate de todos los miembros de la comunidad educativa y en especial de los docentes. El aula, los alumnos y el hacer la escuela día a día es una experiencia cotidiana de inestimable valor que no puede ser soslayada al momento de pensar cualquier reforma o regulación del sistema educativo.Todo aporte que se pueda realizar desde la gestión gubernamental o incluso desde ámbitos académicos y científicos dedicados al estudio de la educación carecerán de apoyatura real sin la opinión de los maestros que en definitiva son los principales y últimos ejecutores de las políticas educativas.Es necesario abrir un amplio y democrático debate sobre la educación santafesina, asegurando para ello canales adecuados de participación y expresión. En este sentido cobran una importancia notoria los sindicatos docentes, los institutos de formación docente y las universidades, como ámbitos pluralistas y de intercambio.Una ley de educación sienta principios y valores. Se plasman derechos y deberes de los actores para con el sistema educativo. Es imprescindible tener esto en cuenta para no caer en la tentación de que el debate se torne infructífero y se diluya en disputas sectoriales. Es por eso que una nueva ley debe ir acompañada por la sanción del estatuto del docente donde se regule criteriosamente la actividad del sector. Ambas normativas, con sus particulares características, llevarán a una regulación más integral del sistema.Para lograr que los avances sean realmente importantes, es imprescindible que se establezca y difunda de antemano la agenda que ha de ser discutida. Eso permite a los participantes informarse y formar opinión previa sobre todos los temas sujetos a debate. Es lógico que si se va a discutir se sepa sobre qué y cómo.Los docentes debemos tener la claridad suficiente como para que discusiones bizantinas no entorpezcan el debate sobre cuestiones de fondo. Ya se escuchan voces que proclaman que la ley debe garantizar "la educación popular". Y coincidimos con esa postura, siempre que esta aspiración no sea una puerta que permita el ingreso del debate de escuela pública contra privada, debate que ya está agotado y terminado. Lo contrario a popular es elitista. Y existen en la actualidad tanto escuelas públicas como escuela privadas que se encuentran en una y otra categoría.Entender que la escuela pública y la privada están enfrentadas o son excluyentes es no entender la complejidad del sistema educativo. Si la nueva gestión del ministerio está dispuesta a impulsar una ley de educación y desde el Poder Ejecutivo santafesino existe la voluntad política para llevar esta empresa adelante la provincia puede hacer una bisagra y plasmar en una ley los valores sobre los que se asentará la educación de los próximos 20 ó 30 años.Los docentes son parte esencial en este debate y su opinión no puede ser omitida. Quizás la organización de un congreso pedagógico provincial, como planteó la anterior gestión ministerial, sería un buen mecanismo de participación. También sería deseable que en este debate todas las opiniones sean a favor del mejoramiento del sistema y no se planteen desde meras reivindicaciones sectoriales. Discutir sobre educación no implica olvidar los justos reclamos del sector docente que todavía se encuentran postergados, sino que más bien implica tomar el rol de protagonistas de los cambios que vienen e intentar dejar un aporte a las generaciones que nos siguen. Un mejor sistema educativo es la base de cualquier progreso futuro y una posibilidad real de igualdad de oportunidades para todos los santafesinos.

(*) Abogado, docente

Un futuro no remunerativo ni bonificable

Publicado en Diario “La Capital” el 26 de febrero de 2005

Un futuro no remunerativo ni bonificable

Martín Lucero (*)

El conflicto docente ha disparado nuevamente una respuesta apresurada e irreflexiva del gobierno provincial. Un aumento general de 100 pesos "no remunerativos y no bonificables". Como viene sucediendo a lo largo de la actual gestión, no se actuó sobre el previsible marzo que se venía, sino sobre el problema a punto de estallar.La oferta salarial del gobierno, inmediatamente cuestionada por todos los sindicatos, aparece como insuficiente, y el inicio de clases en la fecha prevista es casi una empresa condenada al fracaso. En una entrevista televisiva, la licenciada Carola Nin ensayó una defensa de la posición del gobierno y su cartera en particular respecto del conflicto. En dicha entrevista, ante una pregunta de su interlocutor la ministra sostuvo que ella no denominaría los aumentos como "en negro", sino que prefiere denominarlos como "no remunerativos y no bonificables". Ahora bien ¿es sólo una cuestión terminológica?La remuneración es la retribución que recibe un trabajador por haber puesto a disposición de su empleador su fuerza de trabajo. Dicho en otras palabras es la contraprestación (pago) que el empleador debe al trabajador por las tareas realizadas, siendo por esto su principal obligación.Por su parte los rubros bonificables son aquellos sobre los cuales se calculan otros rubros que incrementan la masa salarial en virtud de alguna condición específica del agente. En el caso de los docentes, un claro ejemplo es la antigüedad. Obviamente que ambas calidades, la de remunerativo y la de bonificable, pueden coincidir en algún rubro.Generalmente los descuentos para jubilación, obra social y cuota sindical se hacen por sobre ambos tipos de rubros. El aguinaldo, por su parte también se calcula por sobre los ítems descriptos.Como puede verse, el pago a través de sumas no remunerativas y no bonificables es la negación misma de la función esencial del salario (retribuir el trabajo) y más aún de la seguridad social. Si el pago que recibe un docente no es en función de la labor que realizó (ya que no es remunerativo), no se computa a ni para bonificaciones ni los descuentos de seguridad social, ¿en concepto de que lo recibe? ¿Es una mera gratificación del Estado provincial? ¿Es un regalo que se le otorga a los empleados de la provincia? Evidentemente, no. Los continuos aumentos por decretos son pagos que la provincia efectúa a los docentes en virtud de su trabajo. Pero no los somete al régimen de seguridad social (garantizado y protegido tanto por la Constitución nacional como la de la provincia de Santa Fe) a fin de evitar mayores erogaciones. En los hechos, no hay diferencias con un pago realizado en negro (que no efectúa aportes ni contribuciones de ningún tipo y se encuentra penado por la ley laboral). El hecho de que se incluya en el recibo no tiene mayor valor que la constancia de haberse pagado. Pero dicha constancia de nada sirve a la hora de jubilarse o pagar la obra social ya que esas sumas no cuentan a tales fines.La finalidad perseguida con este tipo de aumentos es el incremento liso y llano del salario de bolsillo. Y esta situación que a priori parece favorable tiene dos aspectos notoriamente negativos. Por un lado siendo el salario docente el más bajo de los sueldos de la administración pública, un aumento -aunque no remunerativo- implica un alivio en su delicada situación. En tal caso el docente debe elegir entre su necesidad de dinero y su dignidad como trabajador. Por otro lado todo lo que se cobre de más en la actualidad en concepto no remunerativo y no bonificable, es lo que se cobrará de menos al momento de la jubilación. El remedio de hoy es la enfermedad de mañana.El Estado es el primer responsable de controlar que se evite el trabajo en negro y la precarización laboral. Lo dicho se contradice con su actitud ante sus empleados. Es cierto que el pago de sumas en negro no es privativo de esta gestión de gobierno. Pero no es menos cierto que es su obligación contribuir a eliminarlas en lugar de acrecentarlas y hacer más evidente una contradicción vergonzosa. Esa contradicción en la cual es el Estado quien "negrea" a sus empleados. Esos empleados que son también ciudadanos y deberían ser el fin y objeto de toda la actividad protectora por parte de los gobiernos de turno. Cuestionar los aumentos en negro no es una reivindicación sectorial de los docentes o los empleados públicos. Es, más bien, una exigencia cívica en la cual el Estado como garante del cumplimiento de la ley debe ser el primero en cumplirla. Para una sociedad madura es inadmisible que el Estado se mueva fuera de la ley. Como se ve no se trata de una cuestión terminológica. Por más que se le cambie el nombre (como se pretende desde el gobierno) la situación es la misma y por ende es injustificable. Si el Estado no cumple con la ley deja de ser Estado de Derecho. Y esto no es preocupante sólo para los docentes. Es preocupante para todos los santafesinos.

(*)Abogado

La injusta jubilación docente

Publicado en Diario “La Capital” el 03 de septiembre de 2005

Reflexiones

La injusta jubilación docente

Martín Lucero (*)

La reforma del sistema jubilatorio para los docentes de la provincia de Santa Fe es un tema que no admite más dilaciones. Desde la reforma de la antigua redacción de la ley 6.915 los docentes han pugnado por una normativa que respete los principios de la antigua legislación. Básicamente estamos hablando de que se respeten los principios de movilidad del salario en proporción a los aumentos que reciban los activos, una disminución en la edad necesaria para acceder a los beneficios de la jubilación, un cálculo porcentual del haber que permita una subsistencia digna reflejando de manera justa y proporcional los aportes realizados y un sistema de cómputo de privilegio que contemple la especificidad y condiciones en las que se trabajan en las distintas ramas de la actividad docente.Desde hace casi 10 años los docentes de la provincia se vienen jubilando a los 60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente. Su haber jubilatorio se calcula en un porcentaje aproximado del 60 por ciento de las sumas remunerativas que cobraba en actividad. La movilidad y los aumentos del sector se encuentran limitados a la disponibilidad presupuestaria del gobierno provincial y en la mayoría de los casos consisten en sumas fijas que achatan la proporcionalidad en los aportes, lo que es injusto.Hasta ahora los avances realizados en el tema jubilatorio, si bien importantes, terminan siendo insuficientes. Es evidente que incluir en el cálculo del haber previsional algunos de los rubros no remunerativos ni bonificables es mejor que no hacerlo. Pero de todas maneras es un parche que apacigua la coyuntura pero soslaya los problemas de fondo. Y estos los podemos explicitar en cuatro rubros:1En primer lugar se debe calcular el haber jubilatorio sobre todos los rubros que componen el salario del docente en actividad y en un porcentaje lo suficientemente alto como para que jubilarse no implique una merma en el poder adquisitivo del pasivo que le impida llevar una vida acorde con la que venía realizando. En tal sentido un porcentaje del 82% (como lo definió el gobierno nacional para el sector) parece más acorde a realidad. Es evidente que no puede suponerse que una persona que cobra 1.000 pesos de sueldo pueda adaptarse de un mes a otro a vivir con 600. Esto es lo que lleva a que los docentes prolonguen hasta el límite de sus posibilidades (físicas y legales) el momento de la jubilación o en su caso sigan trabajando en alguna actividad informal después del retiro para obtener ingresos que le permitan una subsistencia digna.2La actividad docente implica un evidente desgaste. No es bueno ni recomendable que un docente a los 60 ó 65 años se vea obligado a estar a cargo de niños pequeños o adolescentes inmersos en una realidad cada día más cambiante o exigente. Es por ello que en la antigua legislación se contemplaba una edad distinta para el docente al momento de acceder al beneficio jubilatorio. Es en este sentido aconsejable que un docente se pueda jubilar a los 55/60 para mujeres y hombres, respectivamente, cuando aún sostiene un potencial físico y profesional que garantice estándares de calidad educativa acordes a lo que el Estado debe garantizar.3La movilidad automática y garantizada por ley en la misma proporción que los aumentos al sector activo es la única garantía de equidad salarial del sector pasivo. De esta manera se determinan parámetros objetivos de movilidad salarial con independencia de factores coyunturales o la voluntad del gobierno de turno.4Por último se debe garantizar una jubilación mínima que permita una subsistencia digna. En tal sentido es lógico pensar que ningún jubilado debe cobrar un salario que se encuentre por debajo de la línea de pobreza. Si es el propio Estado quien determina qué ingreso mensual es necesario para no ser considerado pobre, es lógico pensar que no debería pagar jubilaciones por debajo de dicho parámetro.Mes a mes nuevos docentes se jubilan. Mes a mes estas situaciones de injusticia aumentan. La única solución posible pasa por una reforma legislativa en el sistema previsional para la actividad docente que refleje la particular situación del sector. Pero sin demoras. El Estado debe devolver los derechos arrebatados tiempo atrás. Si el trabajo es dignidad, la jubilación es una recompensa por el trabajo realizado. Los docentes sólo esperan que sea una recompensa justa.

(*) Abogado y docente

Tenemos derecho a comer carne

EL DERECHO A CONSUMIR CARNE
Dr. Martín Lucero

El Gobierno Nacional dispuso la suspensión de las exportaciones el carnes por 180 días y junto con ello el aumento de las retenciones en 10 puntos para las ventas externas de carnes con hueso y termoprocesadas, como medida para intentar frenar el aumento de casi el 20% registrados en los mostradores en los últimos días.
Como contrapartida de esta medida voceros vinculados directa o indirectamente al sector ganadero alertan sobre la posibilidad de cierres o despidos masivos de numerosos frigoríficos, la pérdida de mercados, la “defunción de la ganadería” y la inutilidad de la medida para lograr frenar la escalada de precios.
Es evidente que en el debate planteado los ciudadanos y consumidores no podemos quedar afuera al ser quienes, en definitiva, soportan desde el bolsillo las implicancias de las subas del precio de la carne.
Todos sabemos la importancia que tiene la carne en la alimentación de la población. Estudios médicos, costumbres sociales y hasta antecedentes históricos confirman esta afirmación.
Y esto no es un dato menor. Desde el bife del mediodía, pasando por las milanesas con papas fritas antes o después de la escuela y el asado del domingo son parte del imaginario alimenticio diario del argentino medio. Y lo dicho, lejos de ser una frivolidad o una cuestión de gustos es ante todo un debate sobre la calidad de vida.
Y planteado en estos términos el margen del debate se acota bastante.
No caben dudas que los aumentos en el precio de la carne no tiene otra finalidad que el de retraer el consumo interno para que exista más disponibilidad de exportar al exterior. Dicho de otro modo a los argentinos se les cobra la carne mas cara para que los exportadores tengan más stock para vender afuera. Hay que tener en cuenta que los argentinos pagamos en pesos, los extranjeros en dólares. Es por eso que lo que se alienta es bajar la producción para el mercado interno, potenciar la oferta al exterior y en todo caso, si la demanda del mercado interno es alta que abone los precios internacionales. En todos los casos los únicos perjudicados son los consumidores nacionales. Los pregoneros del liberalismo “de estas pampas” (especialmente la húmeda) sostendrán que es la lógica del capitalismo, soslayando siempre que en las economías mas liberales del mundo el consumidor es siempre protegido contra los abusos que distorsionan el mercado y lo perjudican. Están quienes en un avance la cultura de lo “ligth” dirán que no es bueno comer tanta carne, y propondrán que sobre las parrillas de los argentinos existan milanesas de soja y berenjenas, no tan preocupados por la salud de la población como por la disponibilidad de cortes para la exportación.
Las carne influye de manera importante en la canasta básica de productos de consumo de los argentinos y es por eso que su aumento condiciona de manera determinante la inflación. Quienes hoy pretenden que los argentinos suprimamos de nuestra dieta los bifes para vender más afuera, en épocas de retroceso del mercado nos piden que comamos asado todos los días. Quienes hoy se nombran como salvadores del país, son quienes en épocas de crisis son auxiliados por subsidios del estado pagados del bolsillo del contribuyente que reviste también la calidad de consumidor.
El asado del domingo, las milanesas del mediodía y la carne al horno de la abuela no son gustos o excentricidades prescindibles. Quienes venimos de hogares humildes sabemos que aún en las peores crisis, nuestros padres han realizado enormes esfuerzos para poder darnos de comer regularmente carne convencidos de las propiedades nutritivas del este alimento. En la conciencia del argentino medio, el no poder no acceder a comprar carne, es una privación.
Es verdad que los sectores menos favorecidos por la economía ya no accedían a comer carne desde antes de estos aumentos. Lo que no justifica el mismo. Sostener lo contrario es decir que si los más pobres pueden sobrevivir sin comprar carne todo el país puede. Lo cual es un argumento falaz. A lo que se debe apuntar es a que baje el precio de la carne para que todos los argentinos sin distinción de clases podamos acceder a la misma.
En la época en la cual el concepto de responsabilidad social de las empresas comienza a tomar entidad el sector ganadero no puede quedar al margen. No se trata de resignar ganancias de los productores, sino de dejar de resignar calidad de vida de la población. Y en estos seis meses en los cuales la exportación estará suspendida, los productores y exportadores deberían pensar estrategias para reactivar el mercado interno. Y quizás, de esta manera, activando el consumo de sus compatriotas, en un país de tradición “carnívora”, deban dejar de pensar en despidos masivos, para comenzar a tomar nuevos empleados.